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En el Despacho de Abogados especializado en urbanismo y medio ambiente, FP & ASOCIADOS, realizamos todo tipo de recursos en el orden jurisdicinal contencioso-administrativo, dentro del ámbito de actuación de nuestra especialización, el derecho urbanístico y medio ambiental.
Podemos entender la Jurisdicción Contencioso-Administrativa como una auténtica jurisdicción, considerable como la jurisdicción ordinaria, a quien corresponde la función de satisfacer pretensiones, a través de un auténtico proceso, cuyo conocimiento se reserva a órganos jurisdiccionales especializados por su competencia y su personal.
Difiere de las demás jurisdicciones en:
- La necesidad de que antes de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa exista un acto administrativo. No obstante el objeto del proceso no es el acto previo, sino las pretensiones que se deduzcan en relación con el mismo.
- La sentencia es declarativa, quiere esto decir que su ejecución corresponde al órgano autor del acto recurrido.
El proceso contencioso-administrativo no es una casación, sino propiamente una primera instancia jurisdiccional, un auténtico juicio o proceso entre partes, cuya misión es examinar las pretensiones que deduzca la parte actora por razón de un acto administrativo.
Las diversas formas de organizar la exigencia de responsabilidades jurídicas a la Administración son:
- Sistema administrativo: la propia Administración es la encargada de conocer las divergencias entre la Administración y los administrados. Es al mismo tiempo juez y parte.
- Sistema judicial: la resolución de los recursos está atribuida a órganos del poder judicial. Tiene la ventaja de la independencia pero el inconveniente de la falta de especialización.
- Sistema armónico: la competencia corresponde a unos órganos mixtos integrados por personal judicial y administrativo.
- Sistema de jurisdicción especializada: existen otro sistemas que ventilan la responsabilidad jurídica de la Administración actuando en relaciones jurídico-públicas ante un órgano jurisdiccional, ante un Tribunal pero no de la jurisdicción ordinaria, sino de una jurisdicción especializada, como la contencioso-administrativa. Este es el caso de España.
Los juzgados y tribunales del orden contencioso-administrativo conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones Públicas, sujetas a Derecho Administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a la ley y con los Decretos Legislativos cuando excedan los límites de la delegación.
Entendemos por Administraciones Públicas: La Administración General del Estado, las Admiministraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local y las Entidades de Derecho Público que sean dependientes o estén vinculadas al Estado, Comunidades Autónomas o a las Entidades Locales.